La vorágine creada con la plusvalía municipal a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional ha ido esclareciéndose con el paso del tiempo y los pronunciamientos jurisprudenciales que lo han acompañado, en especial, como no podía ser de otra forma, los emitidos por el Tribunal Supremo, que sentencia a sentencia han ido aclarando todas aquellas cuestiones grises.

En primer lugar se suscitó, si la plusvalía municipal era nula en todos los casos, independientemente de existencia de incremento o no del valor del inmueble transmitido, o sólo era nula cuando no había incremento de dicho valor. La corriente jurisprudencial se ha decantado por consolidar que la plusvalía municipal es nula en los casos que no existe un incremento del valor del inmueble, en las transmisiones en la que el inmueble experimenta un aumento de valor sí se devenga la plusvalía municipal.

La segunda cuestión que se puso de manifiesto es, cómo se podía probar que no había habido incremento del valor del inmueble en la transmisión. A esta materia se le ha dado una respuesta que poco debate ha creado, afirmándose que se puede probar por cualquier medio admitido en derecho, como por ejemplo, la comparación del precio de adquisición del inmueble y el de venta mediante el soporte de ambas Escrituras Públicas. Anteriormente parecía entenderse que sólo se podía acreditar mediante una tasación o informe pericial, existiendo el problema de los elevados costes de ambas pruebas.

Y por último, ha surgido una tercera incertidumbre, que se encuentra íntimamente conectada con la anterior, ¿quién tiene que probar que con la transmisión no ha habido incremento del inmueble transmitido, el contribuyente o la Administración?

Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 13 de febrero de 2019, da respuesta a las siguientes preguntas:

¿A quién corresponde acreditar que se ha producido una plusvalía con la operación?

Corresponde al CONTRIBUYENTE que alegue que no ha existido dicha plusvalía aportar prueba suficiente que permita concluir que el precio de la transmisión no fue superior al de adquisición del bien.

¿Deben establecerse diferencias en la carga de la prueba dependiendo de la forma concreta en la que el Ayuntamiento impositor haya previsto la gestión de la plusvalía, DECLARACIÓN O  AUTOLIQUIDACIÓN?

No existe diferencia alguna entre las dos formas de gestión tributaria del impuesto que establece el artículo 110 TRLHL, esto es, entre los supuestos en los que la plusvalía se gestiona por el procedimiento de declaración a que se refieren los artículos 128 a 130 LGT y aquellos otros casos en los que el ayuntamiento de la imposición establece el sistema de autoliquidación para la exacción del tributo.

En la práctica se nos pueden dar dos escenarios; que ya hayamos liquidado la Plusvalía, o que vayamos a transmitir un inmueble y la tengamos que liquidar.

En el primero de los casos aludidos, si se ha producido una transmisión de un inmueble en el que no se ha experimentado un incremento de valor, se puede reclamar el importe abonado con la liquidación del tributo acreditando la inexistencia de dicho incremento. Cuestión diferente son los plazos, algo que habría que examinar caso por caso. En el segundo caso, que todavía no hayamos transmitido el bien y no se haya presentado la declaración o autoliquidación del tributo, entendemos desde DOSAGUAS, que habría que presentar una instancia ante el Órgano liquidador del tributo alegando la inexistencia de incremento de valor.