El Decreto-ley 3/2019, de 24 de setiembre, publicado el día siguiente en el BOJA y en vigor desde el mismo día, tiene por objeto la adopción de medidas urgentes sobre las edificaciones irregulares, aisladas o agrupadas, en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, respecto de las cuales no se puedan adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para la adopción de dichas medidas establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, reconociendo su situación jurídica y estableciendo las medidas pertinentes para su adecuación ambiental y territorial y, en su caso, para su incorporación al planeamiento general. Dichas edificaciones irregulares si están terminadas, se encuentran en situación de asimilado a fuera de ordenación, y precisa ser objeto de resolución administrativa dictada por el Ayuntamiento en tal sentido para poder acceder a los servicios básicos y poderse realizar en ellas alguna obra. 

No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación en aquellas edificaciones irregulares para las que no haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado conforme a lo establecido en elartículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre , ni en las edificaciones irregulares realizadas sobre suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, salvo que previamente se hubieran adoptado las medidas exigidas por la administración competente para evitar o minimizar dichos riesgos. 

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación se iniciará de oficio o a solicitud de persona interesada y precisará la acreditación de determinados aspectos, que si son idóneos será objeto de pronunciamiento por el Ayuntamiento en tal sentido estimando el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicho Decreto-Ley. 

La resolución que se dicte en reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación indicará de manera expresa el régimen jurídico aplicable a tal tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan las mismas. Si es denegatoria se indicarán las causas que la motivan advirtiendo de manera expresa el régimen aplicable. El plazo máximo para resolver será de 6 meses, siendo negativo el sentido del silencio, y produciéndose la caducidad caso de que se iniciara de oficio. 

La declaración de asimilado a fuera de ordenación en ningún caso supone la legalización, si bien determina la aptitud física de la edificación para su utilización y permite la autorización de obras de conservación necesarias para el mantenimiento estricto de las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para la habitabilidad o uso propio de la edificación. Así mismo, permite, en su caso, acceda a a los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad prestados por compañías suministradoras, 

Lo que se acaba de exponer no es otra cosa que el procedimiento de declaración de la situación de asimilado a fuera de ordenación en la que se encuentran determinadas edificaciones irregulares en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establece el régimen al que deben estar sometidas, antes y después de la declaración. Dicho régimen es independiente de la clase de suelo donde se ubiquen y de su forma de implantación. En tales edificaciones y mientras no se produzca la declaración administrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, no se permite el acceso a los servicios básicos ni realizar ningún tipo de obra. 

El equipo jurídico de DOSAGUAS ABOGADOS pone a su disposición un extraordinario equipo de Letrados que le conseguirá dotar de determinados servicios y cierto reconocimiento legal, cualquier edificación de la que sea propietario y aún no esté legalizada