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EFECTOS DERIVADOS DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

EFECTOS DERIVADOS DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo se pronunció por unanimidad, en sentencia de 11 de septiembre de 2019, sobre los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios, tras la reciente sentencia de 26 de marzo de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El TS considera preferible tener en cuenta la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), por tratarse de una norma imperativa más beneficiosa para el consumidor.

Los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado.

Sugiere como un elemento orientativo de primer orden comprobar si se cumplen o no los requisitos del art. 24 LCCI, puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018 permite la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad.

El TS da las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso:

1ª.- No ha de haberse producido todavía la entrega de la posesión al adquirente.

2ª.- Préstamos vencidos antes del 15 de mayo de 2013. Si se los dío por vencidos antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

3ª.-Préstamos vencidos tras el 15 de mayo de 2013. Si se los dio por vencidos tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013 por aplicación de una cláusula contractual reputada nula:

si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos.

si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

4ª.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de criterios legales (los de la LCCI, que es una disposición imperativa, frente a la redacción anterior del art. 693.2 LEC).

Fuente: Comunicación Poder Judicial

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA DIVORCIARME?

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA DIVORCIARME?

A la hora de afrontar un divorcio se puede hacer de dos formas, a través de la vía judicial o extrajudicial.  A la primera se acude cuando no haya acuerdo entre los cónyuges, y así hablamos de divorcio contencioso, o incluso habiéndolo, que nos sitúa ante el divorcio de mutuo acuerdo.  Este último, hoy en día, se puede alcanzar también extrajudicialmente, por vía notarial. En todo caso, es la vía del mutuo acuerdo, una forma más sencilla y menos traumática.

A la VÍA JUDICIAL CONTENCIOSA se acude, en la mayoría de los casos, cuando la pareja no es capaz de dejar al lado sus diferencias sentimentales siendo imposible convenir entre ambos las condiciones de la ruptura matrimonial.

En cuanto a las VENTAJAS de esta vía, sólo podemos destacar una, que no tiene por qué haber un contacto entre los miembros de la pareja después de poner fin a su relación marital.

INCONVENIENTES, muchos. Para empezar se trata de una forma mucho más traumática y estresante por la duración del procedimiento y porque la decisión está en manos de una tercera persona, el juez, suponiendo esto una incertidumbre importante para los cónyuges. Desde el punto de vista de económico, los honorarios de los profesionales son más elevados debido al esfuerzo que tienen que hacer para defender los intereses de sus clientes. Normalmente intervienen en estos procedimientos, abogado y procurador, pero es posible que también se tenga que afrontar el coste de la intervención de otros profesionales como los peritos.

La VÍA JUDICIAL DEL MUTUO ACUERDO se trata de una forma mucho más sosegada de abordar un divorcio que se lleva cabo a través de la formalización de un convenio regulador y la posterior ratificación judicial de éste. Consiste en que los cónyuges se pongan de acuerdo en las materias que hay que regular a consecuencia del divorcio, tales como régimen de visita y pensión de alimentos, (si hay niños fruto del matrimonio), la liquidación del régimen económico matrimonial…y la plasmen en un convenio regulador.

En esta vía las VENTAJAS son más abundantes. Desde el punto de vista económico, los honorarios de los profesionales son menores ya que hay que preparar un procedimiento judicial de menor enjundia,  con lo que ello supone, sobretodo en la preparación de la práctica probatoria, incluso la ley permite que los cónyuges compartan el mismo abogado y procurador, con lo que ambos pueden compartir estos gastos. En cuanto al tiempo, otra ventaja, va a depender en su mayoría de la duración de las negociaciones y de cómo de cerca o lejos están las posturas de ambas partes, ya que una vez firmado el convenio regulador, la citación para su ratificación ronda un mes aproximadamente (depende del juzgado). Incluso se puede tramitar extrajudicialmente, más rápido aún, a través de la vía notarial, es decir, elevar a Escritura Pública el convenio regulador.

En cuanto al INCONVENIENTE de la vía de mutuo acuerdo es que, como en todas las negociaciones, hay que ceder un poco de nuestras pretensiones para lograr el acuerdo.

Todo esto sin olvidar, que en muchos casos se inicia el procedimiento de divorcio por la vía judicial y concluye de mutuo acuerdo, y viceversa.

Por último queremos dejar una reflexión,

“MÁS VALE UN MAL ACUERDO QUE UN BUEN PLEITO”

Para más información contacta con nosotros aquí https://dosaguasabogados.com/contacto/

10 CLAVES SOBRE EL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL

10 CLAVES SOBRE EL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL

El próximo 12 de mayo de 2019, entra en vigor la modificación normativa sobre el registro de la  jornada laboral de los trabajadores (RDL 8/2019), que supondrá que las empresas adopten una forma de control del horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora. Os dejamos 10 claves de esta modificación normativa y de su incidencia:

1. Finalidad; combatir la precariedad laboral ya que la realización de un tiempo de trabajo superior a la jornada laboral legal o convencionalmente establecida, incide de manera sustancial en la precarización del mercado de trabajo, al afectar a tres elementos esenciales de la relación laboral: el tiempo de trabajo, el salario y las cotizaciones de Seguridad Social.

2. Antecedentes en la jurisprudencia nacional; La Audiencia Nacional, en Sentencia de 4 de diciembre de 2015, afirmó que “el registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada”.

El Tribunal Supremo en su Sentencia 246/2017, de 23 de marzo, afirmó que “de lege ferenda convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias…».

3. Adaptación a la normativa europea: la normativa europea impone a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de los trabajadores a tiempo completo que no se hayan comprometido de forma expresa, individual o colectivamente, a realizar horas extraordinarias y que no ostenten la condición de trabajadores móviles, de la marina mercante o ferroviarios, y se oponen a una normativa nacional, como la nuestra, de la que no resulta la existencia de esa obligación.

4. Artículos que se modifican; Los apartados 7 y 9 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y el apartado 5 del artículo 7 del TRLISOS.

5. El Gobierno, en aquellas profesiones que presenten peculiaridades en cuanto al tiempo de la jornada de trabajo (como es el caso de los abogados), podrá establecer especialidades en las obligaciones de registro de jornada.

6. Obligación para la empresa de conservar los registros durante cuatro años.

7. Los registros deben estar a disposición de las personas trabajadoras, de los representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

8. Forma del registro; el método para llevar a cabo el registro queda a la libre elección del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores, o en su caso, como se establezca en el convenio colectivo o acuerdo de empresa que regule esta cuestión. Con lo cual no hay que implantar una operativa de control determinada, es suficiente con aquella que garantice el registro diario de la jornada. Habrá que analizar la casuística de cada centro de trabajo, el tipo de actividad de la empresa y el número de trabajadores, no es lo mismo implantar este sistema en un centro de trabajadores con 4 empleados, en el que podría ser suficiente una hoja de papel en el que cada trabajador firme y refleje la hora de entrada y salida, que en un centro de trabajo con 300 trabajadores en el que habrá que instalar quizás sistemas informáticos que garantice con el cumplimiento que la nueva reforma normativa impone.

9. Datos que debe contener el registro: 1) horario concreto de inicio y 2) Finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora

10. Tipificación como infracción laboral grave las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada con multa de 626 euros a 6.250 euros.

RECLAMACIÓN DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

La vorágine creada con la plusvalía municipal a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional ha ido esclareciéndose con el paso del tiempo y los pronunciamientos jurisprudenciales que lo han acompañado, en especial, como no podía ser de otra forma, los emitidos por el Tribunal Supremo, que sentencia a sentencia han ido aclarando todas aquellas cuestiones grises.

En primer lugar se suscitó, si la plusvalía municipal era nula en todos los casos, independientemente de existencia de incremento o no del valor del inmueble transmitido, o sólo era nula cuando no había incremento de dicho valor. La corriente jurisprudencial se ha decantado por consolidar que la plusvalía municipal es nula en los casos que no existe un incremento del valor del inmueble, en las transmisiones en la que el inmueble experimenta un aumento de valor sí se devenga la plusvalía municipal.

La segunda cuestión que se puso de manifiesto es, cómo se podía probar que no había habido incremento del valor del inmueble en la transmisión. A esta materia se le ha dado una respuesta que poco debate ha creado, afirmándose que se puede probar por cualquier medio admitido en derecho, como por ejemplo, la comparación del precio de adquisición del inmueble y el de venta mediante el soporte de ambas Escrituras Públicas. Anteriormente parecía entenderse que sólo se podía acreditar mediante una tasación o informe pericial, existiendo el problema de los elevados costes de ambas pruebas.

Y por último, ha surgido una tercera incertidumbre, que se encuentra íntimamente conectada con la anterior, ¿quién tiene que probar que con la transmisión no ha habido incremento del inmueble transmitido, el contribuyente o la Administración?

Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 13 de febrero de 2019, da respuesta a las siguientes preguntas:

¿A quién corresponde acreditar que se ha producido una plusvalía con la operación?

Corresponde al CONTRIBUYENTE que alegue que no ha existido dicha plusvalía aportar prueba suficiente que permita concluir que el precio de la transmisión no fue superior al de adquisición del bien.

¿Deben establecerse diferencias en la carga de la prueba dependiendo de la forma concreta en la que el Ayuntamiento impositor haya previsto la gestión de la plusvalía, DECLARACIÓN O  AUTOLIQUIDACIÓN?

No existe diferencia alguna entre las dos formas de gestión tributaria del impuesto que establece el artículo 110 TRLHL, esto es, entre los supuestos en los que la plusvalía se gestiona por el procedimiento de declaración a que se refieren los artículos 128 a 130 LGT y aquellos otros casos en los que el ayuntamiento de la imposición establece el sistema de autoliquidación para la exacción del tributo.

En la práctica se nos pueden dar dos escenarios; que ya hayamos liquidado la Plusvalía, o que vayamos a transmitir un inmueble y la tengamos que liquidar.

En el primero de los casos aludidos, si se ha producido una transmisión de un inmueble en el que no se ha experimentado un incremento de valor, se puede reclamar el importe abonado con la liquidación del tributo acreditando la inexistencia de dicho incremento. Cuestión diferente son los plazos, algo que habría que examinar caso por caso. En el segundo caso, que todavía no hayamos transmitido el bien y no se haya presentado la declaración o autoliquidación del tributo, entendemos desde DOSAGUAS, que habría que presentar una instancia ante el Órgano liquidador del tributo alegando la inexistencia de incremento de valor.